San Raymundo Jalpan, Oax. a 30 de noviembre de 2022.- Con el objetivo de que investigue delitos por razón de género en todo el Estado, la diputada local, Lizett Arroyo Rodríguez presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca la propuesta para la creación de la Fiscalía especializada para la atención e investigación del delito de feminicidio y delitos contra la mujer por razón de género.
En voz de la legisladora, destacó que esta propuesta busca que sean investigados los delitos por razón de género, y que consideren los distintos contextos de las sobrevivientes de violencia de género, que cuente con personal especializado y perspectiva de género, para permitir una investigación, integración de carpetas, elaboración de peritajes, atención y una verdadera defensa de las víctimas, para lograr la reparación integral del daño.
Liz Arroyo, indicó que es un derecho de las mujeres vivir libres de violencia por razón de género, “es un derecho fundamental reconocido en el parámetro de regularidad constitucional, particularmente en los artículos 1 y 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que reconocen y garantizan el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia sin distinción alguna de su origen, pertenencia étnica, color, sexo, preferencia sexual, identidad de género, edad, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social, tanto en el ámbito público como el privado”.
La parlamentaria, añadió que en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los índices de inseguridad aumentaron en los primeros 100 días del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa con 26 feminicidios (dos mujeres asesinadas cada semana), aunado a que durante este sexenio cierra con 708 de mujeres asesinadas de manera violenta.
Finalmente la propuesta de Reforma propone la creación de una “Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio y Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con el objetivo de que la Fiscalía del Estado reestructure los procesos y los recursos humanos que actualmente de manera parcial se destinan para la atención de las violencias en contra de las mujeres, mejorando con ello, una procuración de justicia más rápida y digna.